Cuando se conoció el caso de la nena de 12 años, violada por un hombre de más de 60 en Jujuy, y embarazada como consecuencia de ese abuso, que a pesar de los pedidos para que se le practicara la interrupción legal del embarazo se le realizó una cesárea a las 24 semanas de gestación, las voces a favor y en contra fueron muchas, pero la triste realidad terminó siendo una nena de 12 años con una cicatriz que le recordará por siempre su calvario, y un feto obligado a ser bebé con escasas posibilidades de sobrevida, que a pesar de haber sido "bautizado" con el nombre de Esperanza, terminó sin vida poco después de haber sido sacado del útero.

Lamentablemente, ahora la historia corre riesgo de repetirse en Tucumán.
Ahora en el interior, en un pueblo pequeño y de pocos habitantes, una nena de sólo 11 años sufre una situación similar.
La niña había sido dada en guarda a su abuela hace un tiempo cuando se denunció que la pareja de su madre abusaba de las hermanitas mayores, pero la mano de la desgracia la siguió en su nuevo hogar, porque ahora fue ella quien padeció la violación por parte de la pareja de su abuela y fue su propia madre quien detectó el embarazo cuando ya cursaba la semana 20.

Verificada esta situación en la sala de primeros auxilios del lugar, fue inmediatamente derivada al hospital Eva Perón, a escasos 5 kilómetros de San Miguel de Tucumán, uno de los nosocomios más modernos de la provincia y que cuenta con instrumentos de última generación, pero la modernización de la aparatología no parece ir de la mano de las decisiones que tomaron las autoridades sobre la niña que permanece internada y lleva ya cursando la semana 23 sin que se respeten sus derechos a la intervención legal del embarazo.

Aunque en un principio intervino un Defensor de menores y se corroboró con la declaración de la menor en cámara Gesell cómo fueron los hechos y manifestó su deseo de no continuar con la gestación, curiosamente el defensor consideró que era un tema "de salud" y el caso ahora es tratado por un Juzgado que no pareciera velar por los derechos de la niña sino del feto.

Un entramado de complicidad judicial junto al sistema de salud provincial, en un territorio como Tucumán donde la administración provincial, a través de su legislatura, se ha manifestado "Pro vida", hace sospechar que la suerte de la niña tucumana no será mejor que la de la jujeña, o incluso, peor aún.

En este marco, la red de Profesionales de la salud por el derecho a la vida y al aborto legal ha emitido un comunicado donde expresan su preocupación y declaran estar en "estado de alerta" por el impedimento a que la niña haga uso de sus derechos y el que no se hayan seguido adelante los protocolos pertinentes.

Cabe recordar que, tal como señala el comunicado, "como persona gestante debe contar con una atención sanitaria ajustada a su edad, necesidades y condiciones subjetivas, lo cual exige un abordaje integral que incorpore una evaluación social y una intervención desde la salud mental que la acompañe y le brinde la información a la que tiene derecho".

Además, la red le recuerda al Estado tucumano que tiene "obligaciones particulares y el deber ineludible de hacer cumplir la Ley", en referencia al interés superior de la niña y su derecho a ser oída y a que sus deseos sean respetados.

Cabe recordar también que de acuerdo a la Ley que regula la intervención legal del embarazo, toda niña menor de 13 años tiene derecho a la práctica por estar enmarcada en la causal salud y en la causal violación, y si esto no sucediera, se está obligando a la menor a un embarazo infantil forzado.

El comunicado denuncia, además, que los profesionales médicos y del área de psicología del nosocomio no son quienes llevan adelante la atención de la niña sino que fueron reemplazados por profesionales del SI.PRO.SA, absolutamente externos al Hospital donde se encuentra internada.

"Ante esta irregularidad es legítimo preguntarnos si los y las representantes del Estado tucumano están ejerciendo maniobras dilatorias destinadas a obstaculizar los derechos que asisten a esta niña", se preguntan los profesionales de la Red.

En este marco, aseveran: "esta Red asienta sus argumentos en el deber de denunciar que nos compete como trabajadores de la salud y en nuestro objetivo irrenunciable de velar por la salud y la vida de nuestras mujeres y niñas, particularmente por la de aquellas cuya voz ha sido silenciada por la pobreza, la desigualdad y la injusticia".

Por el momento, desde el gobierno provincial lejos de poner en práctica los protocolos para la ILE, el viceministro de salud aseguró estar en contacto con la familia por medio de "allegados" y justificó que la niña podría llevar el embarazo a término "porque tiene contextura grande".

Una vez más, la realidad abofetea el debate de escritorio. Una vez más, la vulnerabilidad de una familia sin recursos, con un Estado ausente pone por detrás los derechos de una nena que aun no dejó de jugar cuando algunos intentan convertirla en madre; una niña que debió haber recibido su primer beso de quien ella eligiera pero tuvo en cambio "su primera vez" con un violador intrafamiliar del cual ahora tampoco se sabe demasiado.
Una niña que quedó aislada entre las paredes de la habitación que no la contiene, sólo la tiene allí, en una cama, viendo cómo su vientre se abulta con un ser que ella no buscó gestar y que de seguir así, dará a luz por decisión de muchos que hablan, opinan, ordenan, sin tener en cuenta sus propias decisiones. Casi como en una era medieval. Casi como en un territorio donde mandan los "patrones de estancia", mientras aprietan, amenazan y silencian a cualquiera que pueda levantar la voz y no lo hace por miedo a las consecuencias.
Los que deciden son ellos. Los que incluso juegan, se aprovechan, manipulan esa misma vulnerabilidad familiar para comprar con espejitos de colores la conciencia de haber convertido en bebé lo que aun es un feto, sin que importe, sin que se hable, sin que pese en la conciencia de ninguno de ellos lo trastocada que quedará la historia de una niña, una nena de 11 años que vivió un calvario, que la revictimizan una y otra vez a diario con controles y que tendrá probablemente para siempre también, la cicatriz en su cuerpo que le recuerde que los pobres siguen lejos de tener derechos. Una cicatriz que duele y que debería dolerle a muchos; una cicatriz que pone de manifiesto no sólo la importancia de un debate serio sobre la materia, sin especulaciones electoralistas, sino además, pone de manifiesto que sin decisión política no hay cumplimiento de la Ley. La ILE existe. La ESI también, pero no se aplican y las consecuencias la pagan los más vulnerables. Ayer, la nena jujeña; hoy, la nena tucumana. Es momento de decir basta y que no haya un mañana.